Desde la aparición de la agricultura ecológica en España en los años 70 y su progresiva implantación en las décadas de los 80 y 90, las instituciones locales, autonómicas y europeas han tenido un papel fundamental.
A principios del milenio, la Unión Europea dedicó sus fondos estructurales a países como España para fomentar técnicas agrarias que fueran “compatibles con el medio ambiente” y la preservación del medio natural.
Mediante este programa España mejoraba estructuras de producción, optimizaba recursos naturales (como el agua) y repensaba el uso de agroquímicos en las técnicas de cultivo. Por otra parte, la iniciativa Leader + promocionaba a entidades locales para que fortaleciesen el cultivo ecológico responsable.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español tomó el relevo del impulso europeo al redactar para 2007-2010 un plan de acción para el fomento de la agricultura ecológica con el objetivo de promoverla, mejorar su conocimiento entre los consumidores y favorecer su comercio.
A nivel regional, las autonomías y gobiernos municipales acometieron acciones a través de diferentes planes de desarrollo regionales y locales.
